Propone el diputado Venustiano Pérez la implementación de la Ley Registral en BCS.
La Paz, B.C.S., 29 de abril de 2026.
- “… emitir una normativa con rango de ley conllevará un servicio eficiente, y en consecuencia dotará de certidumbre jurídica a la institución registral en pro del combate a la corrupción”, Diputado Venustiano Pérez.
Con la finalidad de contar con una ley de vanguardia que contribuya con los objetivos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en nuestro Estado, que pueda brindar un mejor servicio y mayor certeza jurídica a la sociedad, el diputado Venustiano Pérez Sánchez presentó iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Registral para el Estado de Baja California Sur.
En tribuna, el legislador precisó que el fin es homologar los lineamientos de carácter general contenidos en el Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 14 de enero de 2016, toda vez que, a más de diez años de su vigencia, el mismo se encuentra rebasado ante los avances de diversas instituciones vinculadas con el derecho registral y la propia actividad inmobiliaria.
A lo anterior, se suman los avances en los medios de comunicación remotos y nuevas tecnologías de la información, que hacen impostergable emitir una normativa con rango de ley cuyo objeto sea el de solventar las lagunas legales existentes en materia registral, prever de manera clara, amplia y especifica los procesos registrales, modernizar y otorgar transparencia a los procesos registrales, lo que conllevará a un servicio eficiente, y en consecuencia dotar de certidumbre jurídica a la institución registral en pro del combate a la corrupción.
Pérez Sánchez precisó que consolidar un instrumento jurídico resultará beneficiosa para la población en general, ya que con la aplicación del mismo se podrá agilizar y eficientar la capacidad de la respuesta institucional, mediante la automatización de sistemas informáticos y el uso de tecnologías de vanguardia en los procesos registrales, como la firma electrónica, que garanticen la seguridad jurídica de los usuarios de los servicios que se prestan en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos para su análisis y dictaminación.
