Proponen reformas en materia de temporalidad a nombramientos y reasignación laboral.

La Paz, Baja California Sur, a 25 de junio de 2024.

• “Se busca que las administraciones públicas estatales y municipales no asuman la indemnización injusta de miles e inclusive de millones de pesos a altos servidores públicos que por ley están sujetos a remoción del cargo”: diputada María Luisa Trejo Piñuelas.

La diputada María Luisa Trejo Piñuelas, presentó este martes 25 de junio iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual busca fortalecer la legislación estatal y en particular la Ley Burocrática estatal estableciendo con claridad en la misma que en los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur y sus organismos públicos descentralizados, empresas de participación, sociedades y asociaciones asimiladas, las personas titulares de las Secretarías, Subsecretarías, Oficialías Mayores, Direcciones, Subdirecciones y Coordinaciones, Contraloría General, Contraloría Municipal, Autoridades Investigadoras y Substanciadoras, Órganos de Control Interno, o los equivalentes de todos los anteriores, serán funcionarios o servidores públicos de libre designación y, por ende, ante la ausencia de estabilidad en el cargo, por regla general, su remoción no podrá calificarse como ilegal.

En la exposición de motivos, Trejo Piñuelas sentenció que ante la falta de contundencia normativa de la legislación burocrática estatal es recurrente en interpretaciones jurídicas que terminan afectando el patrimonio y las finanzas del Estado y de los municipios, por lo que, para dar mayor claridad y resolver los problemas jurídicos que se presenten, deberá ser la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur en la que quede convenido que servidores públicos se consideren de libre remoción, eximiendo a las administraciones públicas estatales y municipales la indemnizaciones injustas de miles e inclusive de millones de pesos a altos servidores públicos.

Ahí mismo la iniciadora precisó que, el empuje de la propuesta busca que la primera fuente de interpretación para resolver los problemas jurídicos que se presenten sea la propia Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur. La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos.