“Debemos visibilizar la problemática y con toda responsabilidad inhibir la inseguridad en las escuelas”: Diputada María Guadalupe Moreno Higuera

La Paz, Baja California Sur, a 30 de enero de 2024.

• Se propone incorporar a la SS, PGJEBCS, y DIFBCS tareas de seguridad, prevención, fortalecimiento de las políticas públicas, así como a la autoridad administrativa encargada de establecer los tratamientos adecuados.
• En un pronunciamiento llamó a la niñez, adolescentes y jóvenes víctimas de bullying, a plantear los temas que les preocupan sin miedo alguno y a las autoridades pidió tomar en serio su papel de garantizar ambientes libres de violencia.

En el Marco del Día Escolar de la No Violencia y La Paz a conmemorarse el 30 de enero de cada año, dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, la Diputada María Guadalupe Moreno Higuera, se pronunció y presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual pretende reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Escolar y la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia y el Maltrato Escolar, ambas para el Estado de Baja California Sur, con el objetivo de visibilizar la inseguridad y el maltrato escolar, y lograr inhibir la inseguridad en las escuelas.

La legisladora precisó que, con frecuencia existen en el territorio hechos de violencia en los que participan integrantes de la comunidad escolar, mayormente entre los educandos, por lo que propone las reformas para favorecer mejores condiciones y garantías para que las y los educandos, se desarrollen plenamente y en consecuencia haya una reducción en las incidencias de inseguridad o maltrato escolar.

Moreno Higuera añadió que, considerar de manera prioritaria la prevención del delito, la convierte en un área potencial a fortalecer en las políticas públicas de la materia; así mismo, el reconocer múltiples conductas delictivas que son desarrolladas por adolescentes mayores de 12 años, permitiría la imposición de medidas de seguridad, tratamiento y sanciones según cada caso.

Para tales efectos, se propone incorporar tareas de seguridad escolar y de prevención del maltrato escolar a la Secretaría de Salud; a la Procuraduría General de Justicia para fortalecer en las políticas públicas de la materia; y al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, para que sea la autoridad administrativa de establecer tratamientos de quienes como generadores de la violencia interactúan originando víctimas, que igualmente se deben atender.