ESSA, ¿huelga o requisa?
CREDITO:
Alberto Aguirre M.
Con un contrato de exclusividad firmado hace cuatro décadas con Mitsubishi Corporation, la empresa Exportadora de Sal SA (ESSA) se declaró incompetente ante la instancia internacional. Actualmente —sostiene la directiva de la paraestatal, que encabeza Pedro Silvino Xavier Lazcano Díaz—, la sobreproducción global, particularmente de Australia y la India, generó una baja de los precios internacionales.
“Esta difícil situación de mercado coloca a la empresa en situación de emergencia y obliga a tomar medidas extremas”, alertó la empresa en un comunicado que circuló entre los trabajadores de ESSA en Guerrero Negro (Baja California Sur), luego de que la representación sindical se levantara de la mesa de negociaciones. Una comisión revisora, integrada por representantes de la parte patronal y de los obreros, dejó de sesionar hace dos semanas.
¿Y Mitsubishi? Sin problemas, porque de acuerdo con esa comunicación, tienen al menos otros dos proveedores para garantizar cualquier situación de desabasto.
¿Y el gobierno federal? En riesgo de que caiga el récord de cero huelgas, que presume el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, por culpa… ¿de un sindicato en rebeldía? “Debemos tomar medidas razonables, responsables y con acciones concretas para obtener un costo de producción que permita competir y no salir del mercado”, advirtió la directiva de ESSA. Y es que si para la planta salinera, en la que se generan anualmente 7 millones de toneladas del mineral, “sería muy complejo volver a recuperar los volúmenes de ventas… los clientes (sólo es Mitsubishi) comprarían a quienes les garanticen volumen, precio y por supuesto certeza en la entrega”.
Los obreros de la salinera están afiliados al Sindicato de la Industria de Trabajadores Salineros, Marineros, Maquinistas, Cargadores, Similares y Conexos de Baja California, adscrito a la CROC, cuyo dirigente nacional es el senador priista Isaías González Cuevas, quien es oriundo de aquella entidad fronteriza y autorizó a sus representantes a postergar la firma del contrato colectivo de trabajo, en tanto los directivos de ESSA mantengan su postura de solo acceder a un aumento salarial, indexado al índice inflacionario, y negar el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades.
Y es que quieren evitar que nuevamente hagan nugatorios sus derechos adquiridos. En el 2008, la empresa se negó al reparto de utilidades y tras de un tortuoso litigio consiguió que el SAT determinara un saldo por pagar de 16.8 millones de pesos, cuyo pago quedó congelado hace tres años en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, luego de que ambas instancias acordaran la suspensión del procedimiento de ejecución y pactaron una fianza como garantía del pago de la PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades) adicional, sujeta a que las autoridades hacendarias resolvieran en definitiva sobre el recurso de revocación.
El sindicato no quiere firmar la revisión contractual. Está pidiendo aumento de salarios y el pago de utilidades. La empresa respondió con una negativa tajante, debido al desplome de las ventas y a la alta competitividad, en el mercado global.
“La directiva no quiere negociar, está totalmente cerrada y no cede”, dice una misiva firmada por empleados en el campo minero de Guerrero Negro. “Quieren irse directo a huelga con un argumento baladí: que el precio de la sal va a la baja y que la perspectiva de ventas para el 2017 es realmente complicada”.
Esta medianoche vence el emplazamiento formulado por los trabajadores de la salinera. Antes, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los directivos de la paraestatal y los representantes del sindicato encabezado por Luis Martín Pérez Murrieta están citados a una audiencia especial. Ambas partes podrían solicitar una prórroga para continuar con las negociaciones.
Al mediodía de este martes, Pérez Murrieta ofrecerá una conferencia de prensa con el exdiputado federal Gerardo Fernández Noroña, quien convocará a la creación de un frente nacional para evitar la privatización de la salinera de Guerrero Negro.
El manejo de la empresa, bajo cuestionamiento. El pleito judicial que involucra al exdirector de ESSA, Jorge Humberto López Portillo-Basave, contra el coordinador general de Minería, Mario Cantú, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, es de pronóstico reservado.
Efectos secundarios
LIMITADOS. Si todos los mexicanos que necesitan diálisis y hemodiálisis recibieran atención hospitalaria, el Estado mexicano tendría que erogar anualmente 23,000 millones de pesos. Ambos tratamientos son ofrecidos por el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular, aunque ante la saturación, muchos optan por la atención privada. La Comisión Nacional para la Protección Social en Salud estableció un tope máximo de 1,525 pesos por la sesión de hemodiálisis y 120 pesos por la bolsa de diálisis peritoneal, tras realizar una revisión de precios promedio en el país. Y una reciente modificación a las Reglas de Operación permite orientar los recursos que los gobiernos estatales destinan al Seguro Popular a la atención de los pacientes de falla renal que requieren estos servicios. Antonio Chemor Ruiz, director general de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, explicó que las aportaciones de los estados al Seguro Popular podrán canalizarse a sufragar ambos tratamientos.
Fuente Diario El Economista
