Reprueba diputada veto total al Decreto 3032.

La Paz, Baja California Sur, a 07 de mayo de 2024.

• “Cuando se lesiona el respeto a la moral, la vida privada y los derechos de terceros a través del discurso de odio, se deben de aplicar restricciones”: diputada María Guadalupe Moreno, presidenta de la Comisión de la Diversidad Sexual.

La presidenta de la Comisión de la Diversidad Sexual en la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, diputada María Guadalupe Moreno Higuera se pronunció en contra del Veto Total al Decreto 3032, referente a la reforma de la denominación del Capítulo II del Título Séptimo del Código Penal estatal, “De Delitos Cometidos entre Integrantes de la Familia y Delitos por Discriminación contra la Dignidad Humana de las Personas”, que incorporó el concepto de discurso de odio y tipificación del delito en el Código Penal estatal, aprobado por la asamblea legislativa el pasado 18 de abril de 2024.

Durante la sesión ordinaria del martes 07 de mayo, la legisladora reconoció que la libertad de expresión tiene que ver con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero puntualizó que cuando se lesiona el respeto a la moral, la vida privada y los derechos de terceros a través del discurso de odio, se deben de aplicar restricciones, como las que contiene el decreto, “las cuales solo buscan prevenir los daños irreversibles y excepcionales que el emisor pretende y es capaz de incitar”.

Moreno Higuera afirmó que el discurso de odio está aumentando, en gran medida por las plataformas digitales, que magnifican el alcance del discurso y, por ende, sus consecuencias nocivas.

“No existe mejor ejemplo de la relación que existe entre un discurso de odio y las distintas formas de violencia emocional y física, incluyendo los feminicidios”, externó en tribuna.

De ahí que hizo un llamado enérgico para aplicar lo establecido en los tratados nacionales e internacionales para regular dicha figura y poder combatir la intolerancia, la estigmatización, la discriminación y la incitación a la violencia.

La legisladora visibilizó la dimensión de la problemática con estadísticas de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 del INEGI, que muestra que prevalece un escenario de discriminación generalizado, por edad, creencias religiosas, aspecto físico, sexo, género, orientación sexual, origen étnico y nivel socio económico.

Refirió que la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la CNDH, muestra el panorama de hostilidad y violencia hacia la comunidad LGBTTTIQ+, en especial para hombres y mujeres transgénero.

Así como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 del INEGI (ENDIREH) que muestra la difícil situación de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres en el país, y los índices de discriminación y violencia hacia las comunidades indígenas y migrantes del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en 2019.